Los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, se negaron a declarar y defendieron los negocios con la ANDIS

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez atribuyeron roles y maniobras específicas a la cúpula de la droguería Suizo Argentina S.A. relacionados al entramado de corrupción corroborado dentro la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El Ministerio Público Fiscal les imputó haber formado parte de la estructura criminal que cooptó la Agencia que dirigía Diego Spagnuolo, para “defraudar al Estado, cartelizar compras de medicamentos y cobrar sobreprecios millonarios”. Jonathan y Emmanuel Kovalivker fueron citados este miércoles: se negaron a declarar y dejaron un escrito negando los delitos atribuidos.

El último dictamen a través del cual se requirió el llamado a prestar declaración indagatoria a los dueños de la Suizo Argentina, que fue aceptado por el juez federal Ariel Lijo, da cuenta de un “complejo entramado de corrupción”, como calificaron los fiscales.

Según el texto acusador, la droguería Suizo Argentina “perpetró una cooptación integral de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entre mayo de 2024 y agosto de 2025, transformando a la entidad pública en un canal cautivo puesto al servicio de sus intereses comerciales”.

A través de una “connivencia explícita con funcionarios de la cúpula del organismo —como su titular Diego Spagnuolo y el director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini—, la firma quebró deliberadamente los principios de libre concurrencia, transparencia y razonabilidad del gasto”, indica la imputación.

En consecuencia, el fiscal Picardi a cargo de la investigación y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, determinaron que la “subordinación de la agencia estatal llegó al punto de que los propios directivos públicos admitían en comunicaciones internas que debían actuar bajo ‘la bandera correcta’, que no era la del Estado sino la de Suizo Argentina”.

De esta manera, versa en la imputación, se permitió que la compañía “obtuviera información anticipada, fijara las condiciones de compra y asegurara una ventanilla permanente de pagos millonarios a cambio de retornos indebidos”.

La investigación dio por acreditado que entre mayo de 2024 y agosto de 2025, el organismo oficial libró órdenes de compra en favor de la Suizo Argentina por un total de 137.118.708.357,77 pesos, acaparando de manera hegemónica el 29,54% del total de las compras adjudicado a medicamentos de alto costo y baja incidencia (PACBI).

Los registros fiscales de ARCA “confirman esta vía libre en los mostradores estatales”: la firma de la familia Kovalivker facturó directamente a la ANDIS 124.652.174.118,59 pesos, convirtiéndose en la proveedora número uno del Estado nacional y administrando de forma discrecional una verdadera ventanilla de pagos montada a costa de la cobertura de salud de los sectores más vulnerables.

La maniobra combinó la imposición de tarifas desorbitadas con el uso de firmas pantalla para inflar valores de algunos medicamentos: por ejemplo, la Cladribina (Eurit), destinada al tratamiento de la esclerosis múltiple, la droguería adquirió las unidades a 92.000 pesos y, tras despejar a la competencia en las compulsas, se las facturó a la ANDIS a más de 4 millones de pesos cada una, aplicando un sobreprecio récord de más de 42 veces su valor de compra, bajo la explícita consigna interna de sus directivos de ‘ganar plata'”.

Paralelamente, el circuito montado a través de su intermediaria Droguería Génesis —bautizado en los chats como el «chinchullito nuevo»— le permitió revender al Estado los mismos medicamentos que le proveía Suizo Argentina con un recargo adicional del 44% sobre su costo original, completando una matriz cartelizada que distorsionó de raíz la razonabilidad del gasto público.

Frente a ese cuadro acusatorio, los hermanos Kovalivker rechazaron la maniobra y defendieron los negocios legales de la compañía.

El primero en presentarse ante el fiscal Picardi, bajo la representación legal de Martín Magram, fue Jonathan Kovalivker, quien se negó a responder preguntas. Escuchó la imputación formulada en su contra y dejó un escrito de 45 páginas, al que accedió Clarín.

El Ministerio Público Fiscal lo imputó por los delitos de asociación ilícita, fraude por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.

Para los investigadores, Jonathan Kovalivker, como máxima autoridad societaria de la compañía, “avaló y lideró desde la cúspide empresaria la inserción de la firma dentro de la ANDIS. El dictamen documentó que mantenía reuniones directas en su domicilio particular del barrio cerrado La Isla (Nordelta) con autoridades de otras droguerías competidoras que luego integraban el esquema de cotizaciones coordinadas ante el Estado —como Matías Saúl Litmanovich (Droguería 20 de Junio S.A.) y Hernán Jorge Bagliero (Droguería del Sud S.A.)—”.

Al respecto, en su escrito Jonathan Kovalivker sostuvo: “Niego en forma categórica haber integrado, y menos aún dirigido, asociación ilícita alguna, haber intervenido en maniobras defraudatorias contra la Administración Pública o en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

En función de la presentación realizada y la prueba ofrecida, “se podrá acreditar mi absoluta ajenidad respecto de los hechos investigados. Más precisamente, respecto de cualquier interacción de la firma Suizo Argentina con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de la venta de medicamentos a ese organismo, de cualquier relación con sus funcionarios y de las decisiones tomadas al respecto”.

La droguería Suizo Argentina es una “compañía con más de cien años de trayectoria en la industria de la salud. Se dedica a la comercialización, logística y distribución de especialidades medicinales, productos médicos, insumos hospitalarios, perfumería, nutrición y salud animal, y es una de las droguerías líderes del país. Suizo Argentina tiene aproximadamente el 22% de participación de mercado en el negocio privado de farmacias. La empresa comercializa más de 15.000.000 de unidades por mes en todo el país”, sostiene el escrito al que accedió Clarín.

En esa misma línea, Kovalivker se corrió de cualquier origen de la compañía con el fin de “cometer delitos con el Estado”. Así lo manifestaron: “No se trata, en suma, de una sociedad de ocasión creada para contratar con el Estado, sino de una empresa centenaria, con casi dos mil empleados, que no depende de la ANDIS para subsistir”.

La facturación con dicha agencia, -continúa explicando el escrito-, “como bien releva el dictamen fiscal, fue insignificante para la compañía que presido. Encabezar una asociación ilícita para estafar al Estado a propósito del vínculo que pudiera haber existido con ANDIS resulta no sólo antiético y contrario a las prácticas que siempre hemos desarrollado sino además, un verdadero sinsentido”.

Para reafirmar ese concepto dijo que como presidente, impulsó un programa en “forma personal y pública. En el Reporte de Responsabilidad Social Empresaria 2024, que lleva mi firma, expresé: ‘Nuestro compromiso con la ética y la integridad sigue siendo una prioridad. La implementación de la Política Antisoborno y Anticorrupción refuerza nuestro estándar de transparencia en todas nuestras operaciones'”.

Por su lado, Emmanuel Kovalivker (vicepresidente y accionista) está imputado como parte de la cúpula responsable de la toma de decisiones corporativas en la maniobra investigada.

Los fiscales acreditaron que era el superior directo de Pablo Atchabahian en las gestiones de intermediación y lobby. A través de los mensajes extraídos de su teléfono, se demostró que autorizaba las reuniones con los laboratorios y el reparto de renglones y valores para las licitaciones públicas. Fue quien validó el rol de Atchabahian tratándolo textualmente como su “gran soldado” y quien evaluaba la conveniencia del pacto ilícito con la frase: “fracasamos en el intento, y vemos como no salir tan golpeados, viste, qué sé yo, pero si igual la guita no la ponemos nosotros”.

Al momento de ingresar a la fiscalía de Picardi, siguiendo la estrategia de su hermano, se negó a declarar y presentó un escrito en similares términos.

El espíritu de ambos descargos es posicionar a la droguería como una compañía competitiva y de trayectoria en el mercado, negando cualquier ilícito.

Así lo explicaron en sus escritos: Frente a los hechos de público conocimiento, el Directorio resolvió promover una investigación externa e independiente sobre las ventas a la ANDIS. Abarcó todas las ventas entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de julio de 2025, por 139.419.990.002 pesos y 87.134 unidades. Para los imputados, sus conclusiones “contradicen la premisa del dictamen”.

En primer lugar se habló de una “competencia efectiva. Desde mayo de 2024, el 100% de las contrataciones se canalizó por la plataforma oficial de la ANDIS. Suizo cotizó sólo el 45% de los renglones compulsados (5.238 de 11.559). En los renglones que cotizó, la participación de otros oferentes pasó del 2% en 2023 al 31% en 2024 y al 72% en 2025. Su tasa de adjudicación, excluidos los productos exclusivos, cayó al 28% en el primer semestre de 2025”.

Sobre el ítem denominado “el peso de la exclusividad”, se indicó que los productos distribuidos en exclusividad “representaron el 46% de las unidades adjudicadas” y que los precios adjudicados resultaron “comparables con los precios ofrecidos a otros clientes institucionales, sin evidenciar desvíos injustificados”.

Las diferencias -consta en el descargo- se “explican por plazos de pago, logística, volumen y riesgo de incobrabilidad, “sin que se identifiquen sobreprecios, manipulaciones o alteraciones metodológicas en perjuicio de ANDIS”.

Finalmente, se indicó que en cuanto a las entregas y facturación, “el 100% de las facturas analizadas tuvo una orden de compra asociada, con su ticket, paciente, medicamento y remito, y no hubo facturación duplicada. Es, ni más ni menos, el estudio técnico que la acusación nunca hizo. La propia Alzada admitió que ‘no hay un estudio técnico específico’ sobre precios”.